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Entrevista a Jorge Fernández

Para avanzar en un proceso de transformación exitoso del sistema energético debe garantizarse un marco regulatorio estable en el sector eléctrico que genere incentivos a la inversión en innovación”

Seguimos con la línea editorial de 2020: desafíos por el clima. En esta ocasión hemos hablado con Jorge Fernández, coordinador del Área de Energía de Orkestra, sobre un desafío regulatorio: cómo llevar a cabo la transición energética sin perder la competitividad del tejido productivo.

Se suele creer que consumir energía limpia es más caro, ¿qué hay de cierto y de falso en esa afirmación?

Hasta hace bastante poco tiempo, las energías renovables eran más caras que otros tipos de energía eléctrica. Por esta razón, en muchos países, también en España, se fomentaba la inversión en tecnologías como la eólica o la fotovoltaica a través de primas sobre el precio del mercado, tarifas reguladas (feed-in tariffs) o incentivos fiscales a la inversión.

Desde hace un tiempo, sin embargo, se considera que este tipo de energías pueden competir en el mercado sin incentivos adicionales (a esto se le llama paridad de red en la jerga del sector), por lo que este tipo de ayudas han desaparecido en muchos países, como Alemania o España.

En los últimos meses, se observa que los promotores de nuevos proyectos de instalaciones eólicas y fotovoltaicas (a gran escala) empiezan a vender la energía a plazo a precios muy por debajo de los precios marginales de equilibrio en los mercados mayoristas de electricidad. Hay que tener en cuenta que la electricidad que consumimos en la actualidad proviene de una mezcla de tecnologías y que el precio del mercado tiende a reflejar el coste marginal de la tecnología que genera la última unidad de electricidad servida, generalmente, el coste marginal de los ciclos combinados de gas natural.

Así, la mayor parte de los nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos que están entrando en operación en la actualidad, adjudicaron su energía en subastas en torno a 30-40 €/MWh (ver la Figura 1). Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, los proyectos que entrarán en operación en 2022 se sitúan (en media para todo el mundo) en 34,66 $/MWh y 19,84 $/MWh, respectivamente.

En resumen, el precio de la electricidad limpia está cayendo significativamente, debido a las economías de escala y las mejoras tecnológicas y de materiales en los procesos de producción. El impacto de la penetración de las energías renovables en los mercados de electricidad tenderá a reducir el precio medio de la energía eléctrica y aumentar su volatilidad, ya que la disponibilidad de la energía renovable varía en el corto plazo.

Los consumidores finales, especialmente los domésticos, tenderán a consumir energía al precio medio del mercado, aunque en algunos segmentos de consumidores, como los industriales, se están empezando a firmar PPAs renovables a precios que reflejan la evolución a la baja de los costes de la energía eólica y la energía fotovoltaica.

Figura 1. Precio medio de las subastas de energías renovables por año de entrada en operación. Fuente: Agencia Internacional de la Energía, extraído el 18/02/20

¿Cómo se debe plantear una buena transición energética para que no haya un incremento en los costes, tanto energéticos como de otro tipo, que haga perder competitividad a las empresas?

En primer lugar, en la medida en que la transición energética requiera que se realicen inversiones, habrá costes que recuperar, independientemente de que el precio de equilibro en el mercado mayorista de electricidad siga una tendencia a la baja y caiga en promedio al incrementarse el peso de las energías renovables en el mix de generación. La actualización del PNIEC 2021-2030, por ejemplo, indica que el coste marginal medio de generación de energía eléctrica podría caer hasta un 30% en 2030 en el escenario de referencia, lo que probablemente dará lugar a una caída en el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista. Las inversiones previstas en el PNIEC superan los 240.000 M€ entre 2021 y 2030, de los cuales casi 200.000 M€ (o unos 20.000 M€/año) son inversiones adicionales con respecto a un escenario sin políticas adicionales como las previstas en el PNIEC. Estas inversiones abarcarán toda la cadena de valor de la energía eléctrica, desde la generación hasta las redes y el consumo, y nuevos usos de la electricidad, como el de los vehículos eléctricos.

La llamada transición energética implica, en última instancia, descarbonizar la economía. Este proceso, de amplio calado y con un horizonte temporal de varias décadas, deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta que los objetivos que se planteen deben ser alcanzables con los recursos disponibles. Es importante, por tanto, tener en cuenta un criterio de optimización del bienestar social y diseñar políticas, estrategias y líneas de acción que sean coste-eficientes en el corto, medio y largo plazo.

Para avanzar en un proceso de transformación exitoso del sistema energético debe garantizarse un marco regulatorio estable en el sector eléctrico que genere incentivos a la inversión en innovación, con esquemas de regulación que permitan repartir los riesgos de forma adecuada entre empresas y consumidores. Deberá también llevarse a cabo una reforma de la fiscalidad energética y medioambiental que permita internalizar los costes medioambientales (el principio, quien contamina, paga) sin poner en riesgo la competitividad de las empresas y de la economía en conjunto.

Por otra parte, deberán, en la medida de lo posible, fomentarse alternativas de consumo que reduzcan el impacto sobre empresas y consumidores finales del previsible incremento de los precios de los combustibles que emiten más CO2 y establecer mecanismos de apoyo y compensación a los segmentos más afectados por los cambios. Estas medidas caen dentro de lo que se conoce como estrategia para una transición justa y pueden incluir desde medidas de proteccionismo a la industria europea (por ejemplo: impuestos a las importaciones que tengan en cuenta las normativas medioambientales en los países de origen) hasta esquemas de prevención y mitigación de la pobreza energética. Este tipo de medidas facilitarán la consecución de un amplio consenso político, de los actores económicos y de la ciudadanía en general sobre la necesidad y conveniencia de implementar, cuanto antes, un profundo programa de transformación de la economía.

Varios factores serán clave también para minimizar el impacto de todos estos cambios sobre la competitividad de las empresas y de la economía en conjunto y aprovechar las oportunidades que generará la transformación del sistema energético de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en las cadenas de valor y sectores donde existen fortalezas. Por un lado, debe continuar fomentándose y apoyándose el desarrollo de actividades de I+D básica y aplicada y, sobre todo, impulsándose la transferencia del conocimiento al tejido empresarial en los estadios de industrialización y comercialización de nuevas tecnologías y soluciones.

Las empresas deberán innovar en toda la cadena de producción, tanto en el plano tecnológico como no tecnológico, y, para ello, deberán crear y fomentar una cultura de cambio dinámico basado en la adopción de nuevas tecnologías digitales. La adopción de conceptos como ecodiseño, análisis de ciclo de vida, eficiencia de procesos, etc., la digitalización de los procesos de fabricación, logística y gestión operativa en general y la utilización de nuevas herramientas de análisis y gestión de datos para la monitorización y el control de procesos, etc., permitirán incrementar tanto la eficiencia técnica como económica. La innovación no deberá ceñirse únicamente a los materiales y productos o a los procesos de producción, sino que también puede dar lugar a nuevos modelos de negocio basados en conceptos como la servitización, que, a través de la transformación de las estructuras de ingresos y costes de las empresas, podría permitir generar ventajas competitivas e, incluso, crear nuevos mercados.

Además, fortalecer y consolidar una demanda interna potente en torno a productos y servicios relacionados con la transición energética (generación renovable, eficiencia energética, electrónica de potencia, movilidad sostenible) e impulsar la creación de capital humano especializado en áreas clave de la transición energética y la captura de sinergias en el triángulo formación-investigación-empresa serán otros factores que contribuirán a proteger la competitividad de las empresas y la economía.

Finalmente, resultará esencial poner en marcha mecanismos de financiación eficientes, para que las empresas puedan acometer las inversiones necesarias sin que se vea comprometida su capacidad para competir en los mercados en los que desarrollan su actividad. La innovación en los esquemas de financiación público-privada, el desarrollo de nuevas herramientas fiscales y de financiación verde para empresas de pequeño y mediano tamaño, la creación de redes y mecanismos fiscales de apoyo a start-ups son algunas de las vías para facilitar la transformación de los procesos productivos de las empresas.

¿Tienen en cuenta las actuales estrategias de energía y clima aspectos específicos de la economía?

En los últimos quince años, las estrategias de energía y clima de la Unión Europea se han definido sobre la base de objetivos cuantitativos relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y el grado de penetración de energías renovables en la producción y el consumo de energía. A partir de los objetivos fijados para 2020 (estrategia 20-20-20) y, en la actualidad, para 2030 y 2050, se han desarrollado distintas estrategias sectoriales y multisectoriales, sin que hubiera necesariamente una relación clara entre todas ellas.

Recientemente, la Comisión Europea ha publicado el Pacto Verde Europeo (Comunicación de la Comisión Europea COM(2019) 640, de 11 de diciembre de 2019), que busca guiar la transformación del sector energético y de toda la economía para alcanzar los objetivos fijados en materia de energía y clima para las próximas décadas.

El Pacto Verde Europeo es un paquete de medidas orientadas a favorecer el cambio hacia un sistema energético y económico sostenible mediante una transición justa y socialmente equitativa. Presenta una hoja de ruta para desarrollar una serie de políticas, medidas legislativas y planes de acción que, en conjunto, conforman una nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea, con un fuerte enfoque en la economía circular, y con el objetivo de convertir a Europa en un continente climáticamente neutro en 2050. Entre las medidas y planes que se adoptarán en el periodo 2020-2021 se incluyen una ley de clima europea, una estrategia industrial, un plan de acción de economía circular, una nueva directiva de fiscalidad energética, un plan de inversión para una Europa sostenible, un plan de alimentación sostenible (de la granja a la mesa), una estrategia de biodiversidad, una estrategia de financiación ecológica, un Mecanismo para una Transición Justa, un Pacto por el Clima, un mecanismo para mitigar la fuga de carbono o una estrategia de integración sectorial inteligente de energías renovables y eficiencia energética, un plan de movilidad sostenible e inteligente o un plan de contaminación cero.

El alcance de este plan es muy ambicioso. El Pacto Verde Europeo abarca todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, la edificación e industrias como las de la siderurgia, el cemento, las TIC, los textiles y los productos químicos. En concreto, las medidas anunciadas abarcan las siguientes áreas de acción: (1) desarrollo de fuentes de energía limpia, (2) transición hacia una industria sostenible, (3) sector de la construcción y renovación eficiente, (4) movilidad sostenible, (5) protección de los ecosistemas y la biodiversidad, (6) desarrollo de una cadena alimentaria sostenible y (7) eliminación de la contaminación (del aire, ríos, mares, lagos…).

La aplicación e implementación de todas las medidas que contiene el Pacto Verde Europeo tendrá un impacto muy significativo sobre la competitividad de la economía de todos los Estados miembros de la UE y de todas las regiones europeas y pretende facilitar que las empresas europeas puedan capitalizar las múltiples oportunidades que generará la transición energética.

¿Qué oportunidades tanto a nivel macro como microeconómico puede proporcionar la transición energética en España?

Las oportunidades macro y microeconómicas derivadas de la transición energética estarán relacionadas con la posibilidad y capacidad de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo en áreas de la economía, cadenas de valor y actividades en las que se pueden poner en valor las fortalezas y capacidades y el know-how acumulado en el sector energético y en la industria.

Las principales fortalezas de la economía española para afrontar la transformación del sistema energético se encuentran en las infraestructuras de redes energéticas, con centros de control innovadores (CECOEL, CECREs), amplios recursos energéticos de carácter renovable (eólica terrestre y marina y energía solar), un liderazgo empresarial en todos los segmentos del sector energético, un posicionamiento especialmente robusto en mercados internacionales en cadenas de valor específicas como las energías renovables o la electrónica de potencia, una industria de componentes de automoción y ensamblaje de vehículos potente y un sector digital con know-how en el desarrollo de aplicaciones y soluciones innovadoras para el sector energético.

Con estos mimbres, aparecen como áreas de especial interés el desarrollo de nichos de negocio competitivos en torno a las redes inteligentes y los recursos energéticos distribuidos (autoconsumo, almacenamiento, integración del vehículo eléctrico, etc.), la consolidación de la posición en los mercados internacionales de las cadenas de valor asociadas a la generación de energías renovables (eólica, fotovoltaica y solar termoeléctrica), el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía (estacionario y para aplicaciones en movilidad y en los sectores industriales), una mayor especialización en eficiencia energética, tanto en el sector residencial (edificios de bajo consumo, edificios inteligentes) como industrial (nuevos procesos, cambio de combustibles, etc.) o el sector de la nueva movilidad sostenible, donde deberá posicionarse la industria de componentes de automoción y de ensamblaje de vehículos en torno a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y el desarrollo de soluciones V2G (vehicle-to-grid) y V2B (vehicle-to-building) y también en el ámbito de nuevos combustibles como el gas natural y el GNL o el hidrógeno (a más largo plazo) en aquellos nichos donde puedan ser competitivos y contribuyan a reducir las emisiones de GEI en el sector del transporte.

Otras áreas de interés están relacionadas con las nuevas tecnologías y la gestión de la información, como los nuevos servicios para consumidores de energía y movilidad (desde la gestión de la flexibilidad de los equipamientos energéticos, la actuación en el mercado de los prosumidores, o la servitización en movilidad y otros sectores), el desarrollo de servicios y soluciones para consumidores relacionadas con las tecnologías digitales (sensorización, comunicación, data analysis, ciberseguridad, herramientas de gestión y control de equipamientos, blockchain, etc.) en sectores como la economía circular, la industria 4.0, el sector servicios, etc.

Desde un punto de vista macroeconómico el impacto será significativo. Se espera que, por ejemplo, las inversiones por valor de más de 240.000 M€ que prevé el PNIEC para los próximos 10 años en áreas como ahorro y eficiencia, energías renovables, redes y electrificación y otras medidas en sectores como el de la movilidad den lugar a un aumento del PIB entre 16.500-25.700 M€ al año (hasta un 1,8% del PIB en 2030), un aumento neto en el empleo entre 250.000 y 350.000 empleos (hasta un 1,7% en el empleo en 2030) o un ahorro acumulado en el coste de las importaciones de combustibles fósiles en 2021-2030 de casi 70.000 M€, respecto del escenario tendencial de referencia.

Jorge Fernández

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Jorge es Doctor en Economía por la Universidad de Georgetown (Washington DC) y cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector de la energía. En la actualidad es Investigador Sénior y Coordinador del área de energía en Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto) donde trabaja en proyectos relacionados con la transición energética y la movilidad sostenible y en temas diversos relacionados con la regulación, los mercados y la tecnología en los sectores energético y medioambiental y con la relación entre la energía y la competitividad territorial.