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Entrevista a Marina Serrano

“Creemos que no tiene mucho sentido que el principal vector energético de la descarbonización, que es la electricidad, esté penalizado durante la transición energética”

Seguimos con la línea editorial de 2020: desafíos por el clima. Este mes de agosto tratamos un desafío social: la completa electrificación de todo tipo de consumo energético. Hemos entrevistado a Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) que ha respondido a nuestras preguntas sobre este desafío. 

La electrificación de la sociedad es fundamental para conseguir la descarbonización, ¿qué mejoras habría que llevar a cabo en nuestra red eléctrica para conseguirla?

Los ambiciosos objetivos de descarbonización aprobados por la Unión Europea sólo podrán alcanzarse a partir de la electrificación de la economía. El compromiso del sector eléctrico de lograr la neutralidad de emisiones para 2050 es firme y ha reducido sus emisiones un 28,7 % con respecto a 2018, según el último informe de Avance de Emisiones GEI 2019, recientemente publicado, en el que se marca esta histórica caída en las emisiones del sector de generación eléctrica, un sector que supone el 13,5 % de las emisiones totales.

La electricidad es el vector energético más descarbonizado debido a su capacidad de integrar energías renovables y el que, más que ningún otro, permite un aumento real en eficiencia energética.

Las energías renovables no emiten CO2 ni otros contaminantes, no generan residuos y son cada vez más competitivas desde el punto de vista económico. Se espera alcanzar en torno al 75% de generación eléctrica renovable en 2030, incrementándose en los siguientes años hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En este escenario, las redes se presentan como el elemento facilitador para propiciar la transición energética: los operadores tienen el conocimiento y la experiencia para acometer los cambios necesarios; las redes serán claves para la integración de renovables, mejorar la eficiencia energética o flexibilizar la demanda; el uso de las redes permite aportar valor para que generadores y consumidores puedan actuar de manera óptima ante la transformación del sector.

Por tanto, desde el punto de vista de las redes de distribución, los retos a los que se enfrenta el sector son importantes: digitalizar, automatizar, planificar y mejorar los protocolos de comunicación. Las necesidades de inversión hasta 2030 son crecientes, por lo que hay que fijar unas condiciones adecuadas para atraer el capital exigido. Para ello se ha modificado el límite de inversión anual en redes de distribución del 0,13% del PIB al 0,14%, pero esto puede ser insuficiente si queremos facilitar los objetivos de descarbonización a 2030. Un aumento o la eliminación temporal de este límite no sólo contribuiría a alcanzar estos objetivos, sino que por otra parte contribuirá a la recuperación económica tras la pandemia.

¿Cómo se puede involucrar a la sociedad para favorecer la electrificación?

La electrificación de nuestro país es muy baja, del orden del 23%. Y para cumplir con los objetivos de neutralidad climática a 2050 será necesario que el peso de la electricidad en el consumo energético se triplique.

Los sectores intensivos en consumo de energía como la industria, el transporte y la edificación deben electrificarse para poder lograr los objetivos de descarbonización de la transición energética.

El transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero según el último informe de Avance de Emisiones GEI 2019, con un incremento del 0,6 % respecto a 2018. Por tanto, el impulso del vehículo eléctrico es necesario para alcanzar los objetivos de sostenibilidad en este sector. Mientras que, en el sector de la edificación, la implementación de tecnologías como la bomba de calor es permitirán avanzar en la transición energética hacia la descarbonización de nuestra sociedad, por su contribución a la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables.

Un aspecto fundamental para que el ciudadano se involucre y se acelere el despliegue de estos usos eléctricos es que el precio de la energía eléctrica sea competitivo. Para no perder esa competitividad frente a otras fuentes de energía -que no contribuyen al objetivo de la acción climática, pero cuyos precios son menores-, es preciso que el precio responda a sus costes y no esté grabado por otros conceptos de política energética y sujeto a una imposición que se encuentra por encima del resto de bienes y servicios de la economía con un IVA del 21% y un Impuesto Especial del 5%.

Por tanto, una de las primeras acciones que se deberían acometer es liberar al precio de la electricidad de todos aquellos costes que no son los propios del suministro y racionalizar la carga impositiva. Porque los costes del suministro son competitivos si los comparamos con los países de nuestro entorno y las expectativas son que sigan mejorando gracias al bajo coste de las renovables. De manera que la progresiva desaparición de los cargos en las tarifas debe favorecer la electrificación.

Por supuesto, la concienciación de los ciudadanos y la divulgación en la sociedad es otro aspecto relevante. La contribución de todos es importante y en la medida que tengan conocimientos sobre las consecuencias y objetivos, los ciudadanos podrán tomar las decisiones acertadas de consumo.

¿Recaerán los costes de la acción climática en alguna manera sobre la electricidad y los usuarios?

De acuerdo con la valoración macroeconómica del PNIEC, la puesta en marcha de las acciones que plantea generará un aumento del PIB entre 16.500-25.700 M€ al año (un 1,8% del PIB en 2030). Es decir, la acción climática tiene un efecto positivo sobre la economía.

En relación con las que afectan directamente al sector eléctrico, nos estamos refiriendo principalmente a las inversiones en renovables, en ahorro y eficiencia energética y en redes eléctricas. Estos costes no pueden tener un impacto negativo sobre el proceso de electrificación y los usuarios. Las renovables maduras son tecnologías competitivas, mientras que las medidas de ahorro y eficiencia energética introducen ahorros en la factura del usuario y, por último, el proceso de automatización, modernización y digitalización de la red ahorra en la planificación y gestión de la red, teniendo además en cuenta que la progresiva electrificación de la economía aumentará la demanda y, por tanto, los costes unitarios que pagan los usuarios serán menores.

Pero, como comentaba antes, la salida de cargos y la reducción de impuestos también es un aspecto crítico para evitar la falta de competitividad en los precios que pagan los consumidores por su suministro eléctrico en relación con otros vectores energéticos.

Creemos que no tiene mucho sentido que el principal vector energético de la descarbonización, que es la electricidad, esté penalizado durante la transición energética. Pondría en peligro los objetivos que nos estamos fijando para la descarbonización a 2050.

¿Puede la completa electrificación de los consumos ayudar a la economía y a la competitividad de nuestro tejido productivo?

El objetivo a 2050 de descarbonización de la economía no requiere de la completa electrificación del consumo energético, aunque sí que precisa de un aumento sustancial, como comentaba antes, que requiere triplicar el peso de la electricidad. Hay muchos consumos energéticos que serán exclusivamente eléctricos a futuro, pero otros, especialmente algunos procesos industriales de alta temperatura, lo van a tener más complicado. En cualquier caso, los beneficios de la electrificación serán ya una realidad a 2020, tal y como se desprende del PNIEC.

Los resultados del análisis de impacto del PNIEC, además, así lo avalan. Este informe de impacto económico, de empleo, social y sobre la salud pública del borrador del PNIEC 2021-2030 concluye que todos los sectores de la economía aumentan su electrificación a 2030, lo que supondrá importantes beneficios a escala económica y de empleo, así como a nivel social y sobre la salud pública.

Entre las conclusiones, además del aumento del PIB que mencionaba antes, se señala que el PNIEC movilizará 241 mil millones de euros de inversiones en España entre 2021 y 2030, lo que creará un importante efecto expansivo en la economía. Por otra parte, las medidas que se pondrán en marcha generarán entre 253.000 y 348.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030 (empleo anual no acumulado), un aumento del 1,7% en el empleo en 2030 respecto al Escenario Tendencial. Solo las inversiones en renovables repercutirán en entre 107.000 y 135.000 empleos durante la década, que beneficiará a la industria manufacturera, a la construcción, y a los servicios asociados al sector renovable.

También permitirá ahorrar 67 mil millones de euros hasta 2030 respecto al Escenario Tendencial, por la reducción de la demanda de importación de combustibles fósiles, lo que mejorará además la seguridad energética al ser sustituida esta fuente por energías autóctonas.

El informe del PNIEC también destaca que se favorecerá a los hogares de menor renta y a los colectivos vulnerables, que verán aumentada su renta y su consumo en una proporción mayor que el resto de los hogares. Y no hay que olvidar que estas medidas tendrán una incidencia muy positiva también en términos de salud.

Desde su punto de vista, ¿es el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050 suficiente para conseguir la electrificación en España?

Desde aelēc creemos que esta futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser la base de la política energética que marque la hoja de ruta de los próximos diez años, un proyecto que debe servir de base para acometer la transformación no sólo del sector eléctrico, sino también del sector energético en su conjunto y, como no, de los consumidores de energía. Debe ser el marco legal que establezca las medidas para los cambios necesarios que conduzcan a la electrificación de la economía como vector energético facilitador de la descarbonización y que atraiga las inversiones necesarias que permitan construir un nuevo modelo productivo. Desde la Unión Europea se está incidiendo en esta línea de medidas: más generación limpia para descarbonizar y facilitar el abandono progresivo de los combustibles fósiles, al tiempo que se ofrecen nuevas posibilidades para los consumidores con la creación de nuevos agentes y la aparición de nuevas tecnologías que deben servir como aceleradores del cambio. Por eso, las inversiones en redes de distribución van a jugar un papel porque serán estas redes las facilitadoras neutrales que garantizan la integración de la producción renovable y su puesta a disposición de todos los agentes, dotando al sistema de la flexibilidad que va a hacer falta.

Todo esto no será posible sin facilitar un precio de la electricidad competitivo. Como he comentado antes, los cargos e impuestos hacen que la opción eléctrica frente a otros vectores energéticos pierda atractivo a pesar de ser la más eficiente energéticamente y la que menos contamina. Hacen falta, por tanto, medidas sobre fiscalidad energética que corrijan esta situación para lanzar señales claras que ayuden a avanzar en la descarbonización, si no queremos poner en riesgo la consecución de los objetivos que nos estamos fijando a 2030.

Por último, quiero remarcar que esta es una norma que nace con vocación de permanencia al fijar unos objetivos para el medio y el largo plazo. Por eso, confiamos en que, en su trámite parlamentario, en el que se encuentra ahora, logre el consenso social y parlamentario necesario que requiere una Ley de estas características.

Referencias

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Marina Serrano 

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Marina Serrano es Licenciada en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado desde 1982, actualmente en excedencia y es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha sido Secretaria del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España y Directora de su Asesoría Jurídica, Consejera de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Vicepresidenta Primera de ARIAE (Asociación de los Reguladores Iberoamericanos de Energía), Directora General del Patrimonio del Estado, en el Ministerio de Hacienda (2001-2004) y miembro del Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras S.A, como consejera independiente. Actualmente, es Of Counsel en el despacho Pérez-Llorca, Presidenta de aelēc, Vicepresidenta de CEOE y miembro del Consejo de Administración de OMEL.